La crisis de seguridad y orden público que vive el país se retrata de cuerpo entero en el informe publicado por este diario sobre el aumento de las masacres y los homicidios en el arranque del 2026.

Según Indepaz, entre enero y marzo se registraron 35 asesinatos colectivos: fueron 133 víctimas en 34 municipios de 17 departamentos, lo que da una magnitud de la expansión de la violencia que hoy enfrentamos. No se puede tapar el sol con un dedo. El dato es el más alto desde el 2022 y reafirma los cuestionamientos sobre los resultados de la política de ‘paz total’ y, en general, de las estrategias del Estado –pasando por una justicia realmente efectiva– en la lucha contra el crimen de alto impacto.

Departamentos como Cauca, La Guajira, Antioquia, Norte de Santander o el Valle del Cauca aparecen entre los más afectados. Las causas se resumen en una violencia desatada por grupos criminales fortalecidos y envalentonados. La irrupción de algunos nuevos en zonas dominadas o con prevalencia de otras organizaciones es, según las autoridades, el motor de las masacres, en especial allí donde la economía se mueve alrededor de la coca y de la explotación ilegal del oro. “Las masacres terminan siendo una forma de enviar mensajes de terror, ‘disciplinar’ territorios” o cobrar cuentas pendientes, señala el diagnóstico de Indepaz sobre este brutal fenómeno criminal.

Sigue la cruda violencia en el país. Se deben hacer máximos esfuerzos para que impere el orden, con autoridad y presencia del Estado.

No es un hecho aislado. Los reportes del Ministerio de Defensa muestran que el homicidio intencional también sigue creciendo: así, entre enero y febrero hubo 2.231 asesinatos, 109 más que en el mismo lapso del 2025. Tras los malos resultados del año pasado (13.726 casos, 229 más que en el 2024), la tendencia actual tiene que encender las alarmas de todas las autoridades, sin distingos ni pequeñeces políticas.

Lo que muestran las cifras es que el homicidio instrumental, el perpetrado de manera planificada por las organizaciones del hampa, sigue siendo el motor de esta modalidad de violencia. Y no es un flagelo apenas en las regiones apartadas: la guerra por el control del microtráfico en calles de pueblos y ciudades también se salda con sangre. Particular alerta despiertan las correlaciones entre asesinatos y crecimiento de la extorsión, según el análisis de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), uno de los centros de pensamiento que les siguen el pulso a nuestras muchas violencias.

Por eso, mientras las ganancias de quienes manejan esas mafias sigan siendo billonarias, difícilmente el país podrá encauzarse hacia los niveles considerados ‘normales’ –nunca aceptables, desde luego– de homicidio. Y estamos lejos: el año pasado, la tasa (casos por cada 100.000 habitantes) quedó en 25,8: está unos siete puntos por encima de la media de América Latina y muy por encima del promedio mundial, que es de menos de 7 casos por cada 100.000 habitantes.

Es una situación grave, es una cruda violencia que azota al país, que cuesta en vidas, en miedo y zozobra, que no se controla repartiendo culpas, sino con acciones. Las hay. Pero se deben hacer máximos esfuerzos para que impere el orden, con autoridad, con presencia del Estado en todos sus niveles.

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