Es necesario retornar al 9 de enero de 2023 para recordar el momento en el que saltaron las alarmas tanto en el Gobierno de la Comunidad de Madrid como en los institutos en los que se habían llevado a cabo las obras, cuyos contratos de adjudicación estaban comenzando a ser investigados. Al complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando llegaba un requerimiento de la Agencia Tributaria (AET), algo que preocupó seriamente al director de este centro, reclamando "documentación, facturas y medios de pago" de las intervenciones realizadas.

Tal y como explica El País, este contacto que establecía la AET con el centro educativo se producía tras llegar a esta institución en el 2022 una denuncia, de la cual todavía se desconoce su autoría, alertando de posibles irregularidades administrativas en el Ejecutivo madrileño, concretamente a través de los espacios en los que se imparten las lecciones de Formación Profesional. Eran estos los primeros compases del 'Caso FP', una trama en torno a la cual se investigan ahora presuntos delitos de prevaricación que se habrían cometido a partir del fraccionamiento de contratos de obra, para evitar el procedimiento de concurso público marcado por la ley y poder concederlos a una empresa concreta. 

El País presenta la línea temporal de este caso, por la cual en aquel........

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