Madrid calienta motores con el Gran Premio de Fórmula 1 a la vuelta de la esquina. El circuito en el que competirán los pilotos el fin de semana del 11 al 13 de septiembre y que tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaron en su día a bombo y platillo no ha estado exento de polémica en todo este tiempo.

Las controversias se sitúan en distintos frentes y han intensificado en los últimos días, cuando los motores rugían en los aledaños del barrio ante la queja vecinal. El tema acústico es uno de los que más cola ha traído, aunque hay que sumar otros que tienen que ver con los terrenos o cuestiones estrictamente medioambientales.

De las muchas polémicas, llamaba la atención una que ponía de manifiesto en los últimos días en sus redes sociales el abogado Javier Flores y que, probablemente, había pasado desapercibida. El letrado, que en el último mes denunciaba ante el Tribunal de Cuentas al Gobierno de la lideresa regional por el escándalo del ático que el Ejecutivo madrileño compró en Chamberí para que la política desempeñara sus funciones en lo que se desarrollaban las obras en la Puerta del Sol a pesar de que el inmueble no podía servir de oficina, analizaba su cuenta de X -antes Twitter- una vertiente delicada del bautizado como Madring antes de hacer lo propio en días posteriores el asunto de los decibelios: un “posible caso de ayuda de Estado ilegal”.

Desgranaba la cuestión hace cosa de una semana en respuesta al director de comunicación online del Partido Popular de la capital, Ismael Sirio López, quien publicaba previamente un vídeo celebrando que ya estaba todo listo: "No, no iba a dar tiempo a terminar el circuito de F1 @madring_oficial. ¡Qué va! Ya está aquí esta auténtica maravilla que va a ser la sensación de esta temporada. ¡A disfrutar!", celebraba este segundo. E aquí la explicación completa respecto de por qué podría existir una posible ayuda de Estado ilegal.

El abogado alude, lo primero de todo, tal y como expone largo y tendido en su perfil, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual, afirma, “prohíbe que las administraciones concedan ventajas económicas a empresas concretas sin autorización previa de la Comisión Europea”. “Ayuda de Estado no es solo subvención: es cualquier ventaja que la empresa no habría obtenido en el mercado por sí misma”, aclara el letrado.

Con este inicio de........

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