Investigación a la mujer del presidente

Dos años del caso Begoña: cinco delitos, un jurado popular y un juez a punto de jubilarse que quiso implicar a Bolaños

El juez Juan Carlos Peinado abrió causa contra la esposa del presidente del Gobierno el 16 de abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias basada en noticias que la vinculaban con Aldama y Barrabés

Manos Limpias se aleja de las acusaciones y pide actuar por su cuenta contra Begoña Gómez

El próximo jueves, 16 de abril, se cumplen dos años desde que el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de corrupción. La decisión se conoció el día 24 de ese mismo mes y Pedro Sánchez decidió entonces tomarse cinco días de reflexión sobre si le merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo. Desde entonces la instrucción de este juez, a la que se opone la Fiscalía de Madrid, que la califica de errática y prospectiva, ha permitido imputar a la mujer de Pedro Sánchez un total de cinco delitos por los que podría tener que sentarse ante un tribunal del jurado.

La investigación, que tiene entre sus hitos la citación como testigo del propio presidente del Gobierno y un intento de imputación ante el Tribunal Supremo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aún tiene diligencias pendientes mientras se agota el plazo para la jubilación forzosa de Peinado, que el próximo 27 de septiembre cumple 72 años. La acusación popular la integran partidos y organizaciones como Vox, Hazte Oír, Manos Limpias o Iustitia Europa, que acusan al Gobierno en otros asuntos de trascendencia mediática como son la trama Koldo-Ábalos, Hidrocarburos, el que supuso la condena del fiscal general Álvaro García Ortiz o el que sentará en el banquillo al hermano del presidente.

Los delitos y la opción del jurado

El pasado 20 de marzo, el titular de la plaza número 41 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid concretó en un escrito de casi 60 páginas todas las conductas que a su juicio obligan a llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular. Los dos delitos que condicionan esta decisión --de otro modo sería competente un tribunal de tres magistrados de la Audiencia Provincial-- son los de tráfico de influencias y el de malversación de caudales públicos.

El primero está vinculado con unas cartas de recomendación que la esposa de Sánchez firmó como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid para una UTE formada por la firma del empresario también imputado Juan Carlos Barrabés Innvova Next S.L.U. y la sociedad The Valley Digital Bussines Bussines School, que obtuvo adjudicaciones por más de 10 millones de euros de la empresa pública Red.es; mientras que el segundo está relacionado con un uso privado de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A esta empleada también........

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