Van 320 días de gobierno y el país no sabe quién lo gobierna, un miércoles cualquiera. Esta semana el vicepresidente Edmand Lara se autoproclamó “presidente en ejercicio” invocando el artículo 169 de la Constitución mientras Rodrigo Paz estaba en Nueva York; el fiscal general llegó a reconocer al presidente del Senado, Diego Ávila, como “presidente constitucional” durante unas horas; y el propio Ávila salió después a aclarar que él no asumía nada, que el mandatario seguía siendo Paz “desde el exterior mediante medios tecnológicos”. Tres versiones de quién manda, el mismo día, ninguna resuelta por la Constitución sino por el decreto 5515, redactado por el propio Ejecutivo para gobernarse a sí mismo por videollamada.

Por decreto es mejor, así se ahorra el debate parlamentario. Porque en el decreto 5503 está el origen de estos 320 días, firmado el 17 de diciembre de 2025 bajo el paraguas de una emergencia nacional decretada por las riadas de El Torno. Con el pretexto humanitario se coló un paquete que nada tenía que ver: la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, una amnistía para blanquear capitales no declarados, con la carga de la prueba a cargo del Estado y no de quien blanquea, ventajas fiscales adicionales para una banca que ya reportaba utilidades récord, y un régimen de “Fast Track” que le da a la inversión extranjera estabilidad jurídica y tributaria por quince años, aprobación automática en treinta días y silencio administrativo positivo si el Estado........

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