Hace tres semanas, la administración de Abelardo de la Espriella anunció dos medidas que deberían colisionar y, sin embargo, coexisten. La primera consistió en una promesa mayúscula, definida por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, como la agenda de descentralización más ambiciosa desde la Constitución de 1991. La segunda, apenas diez días después, llegó como una figura desdibujada, unas gerencias regionales que ni el propio despacho sabe detallar, ignorando cuántas serán, qué decidirán o de qué manera articularán con la estructura actual.

Esa estructura vigente, mientras tanto, acumula más de una década esperando una construcción definitiva. Las Regiones Administrativas y de Planificación, RAP, asomaron como figura jurídica en la Ley de Ordenamiento Territorial de 2011, y en 2019 el Congreso despachó otra norma destinada a robustecerlas. Hoy, siete años después de aquel pomposo segundo intento, el panorama sigue intacto, reducido a un simple comité de gobernadores que carece de fondos propios y depende por completo del........

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