No necesitamos menos evaluación ambiental, sino mejor y más estratégica. Necesitamos una discusión seria, respetuosa, sobre cómo agilizar procesos dentro de la EIA, sin sacrificar el rigor, incorporando innovación tecnológica y fortalaleciendo el Servicio de Evaluación Ambiental, no castrándolo.

En la mitología del progreso moderno, pocos conceptos han sido tan venerados y tan mal comprendidos como el de “crecimiento económico”. Medido en frías abstracciones como el Producto Interno Bruto (PIB), se ha erigido como el tótem incuestionable de la política económica. Sin embargo, cuando esta fe se convierte en dogma ideológico, corremos el riesgo de emular la lógica más destructiva de la biología: la de las células cancerígenas. Estas células no son malignas por crecer, sino por crecer sin control, sin propósito ni conciencia de su ambiente, parasitando y destruyendo finalmente el organismo que las hospeda. Esta metáfora, lejos de ser una hipérbole, define con precisión escalofriante la actual deriva del gobierno de ultraderecha en Chile respecto a su política ambiental.

Nos encontramos ante una coyuntura global de inestabilidad bélica y fragmentación comercial que vuelve las proyecciones de crecimiento económico, cuando menos, inciertas. Paradójicamente, en lugar de actuar con la prudencia de un capitán en medio de una tormenta, el oficialismo parece empeñado en arrojar por la borda todo impedimento, comenzando por el más valioso para la navegación a largo plazo: la regulación ambiental. El discurso oficial, encarnado en una peligrosa mezcla de urgencia desarrollista y desprecio por el conocimiento técnico, ha declarado la guerra a lo que denominan peyorativamente “permisología”. Este término, acuñado para caricaturizar y ningunear el proceso de evaluación de impacto ambiental, no es una crítica inocente a la burocracia; es un ataque frontal al corazón del Estado de Derecho Ambiental y una muestra palmaria de ignorancia sobre la complejidad de los sistemas que pretenden intervenir.

La “permisología”, no es más que un neologismo para la destrucción del conocimiento en materia de gestión ambiental. Esgrimida con desparpajo por ministros y parlamentarios del oficialismo, es un artefacto lingüístico diseñado para deslegitimar la función preventiva del Estado. Al reducir la evaluación ambiental a un mero trámite de papeleo engorroso, un obstáculo “ideológico” para la inversión, se revela una incomprensión profunda —y peligrosa— de lo que estos procedimientos realmente significan.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no es un formulario que se rellena para obtener un permiso. Es la culminación de un proceso científico y técnico extenuante que busca responder a una pregunta fundamental: ¿puede este proyecto coexistir con la estabilidad ecológica y el bienestar social del territorio que lo acoge, o su existencia implica una herida irreversible? Llamar a esto “permisología” es tan intelectualmente deshonesto como llamar “diagnosticología” al examen exhaustivo que un oncólogo realiza antes de operar un tumor. En ambos casos, omitir el estudio por un afán de rapidez no cura, sino que condena.

Las declaraciones de autoridades, que descalifican los procesos de consulta indígena, los informes de servicios públicos con competencia ambiental o las observaciones ciudadanas como una “tramitología........

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