El frente político del gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, adquirió otra dimensión. El 6 de septiembre, Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, encabezó una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para solicitar la intervención de autoridades federales ante diversas irregularidades que atribuyen a la administración estatal. El documento fue respaldado por alcaldes de Santa Catarina, San Nicolás, Santiago, Sabinas Hidalgo, Galeana, Anáhuac y Allende, además de legisladores, empresarios y dirigentes partidistas.

Los firmantes piden la actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Aureliano Hernández Palacios; de la Fiscalía General de la República (FGR), cuya titular es Ernestina Godoy Ramos, y de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. Entre los asuntos que plantean aparecen presuntas extorsiones contra empresas, problemas de seguridad e inversión, retención de recursos y posibles irregularidades financieras. Acusaciones graves que, precisamente por serlo, requieren investigaciones y no conclusiones anticipadas.

El reclamo surgió tras meses de cuestionamientos empresariales a inspecciones, clausuras y acciones estatales. La controversia aumentó con los programas “Ponte Nuevo” y “Cero Clausuras”, mediante los cuales Samuel ofreció atención y “trato preferencial” a empresas participantes. Mientras el Gobierno defiende la colaboración con la iniciativa privada, sus críticos exigen garantizar el cumplimiento de la ley y evitar abusos administrativos.

En ese contexto reapareció........

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