El arreglo institucional que sostiene la figura de los órganos públicos locales (OPL) del Instituto Nacional Electoral, clama por una reforma con dos propósitos: liberar a los OPLes de la sujeción presupuestal a los gobiernos estatales y eliminar o al menos reducir la continua interferencia de estos en los asuntos internos del organizador de los comicios.

Un suceso ocurrido el pasado miércoles 5 de agosto en Nuevo León acredita tal necesidad. Ese día, de manera insólita, seis consejeros del OPL, llamado oficialmente Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEPCNL), rechazaron la propuesta de su presidenta, Beatriz Camacho Carrasco, para que la doctora Lourdes López Flores ocupara la Secretaría Ejecutiva del órgano.

Dos circunstancias poco comunes le confieren el carácter de insólito al episodio: 1) La alta calidad de la profesional propuesta, no sólo por su trayectoria académica y cívica, sino también por su experiencia como consejera del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), y 2) La unanimidad de los partidos políticos, que explícita o implícitamente apoyaron esa........

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