De acuerdo con los trascendidos, en la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso se propondrá otorgar rango constitucional al uso (no inmediato) de la urna y el voto electrónicos.

Como he afirmado otras veces, la urna electrónica es un dispositivo que, pese a las bondades argumentadas por sus impulsores (algunos parecen cabilderos de algún proveedor digital), representa problemas que, en un país como México y su historia de desconfianzas en materia comicial, resultarían insalvables.

Es cierto que el uso de esos artilugios evitaría, en particular, la necesidad de imprimir millones de boletas, carísimas por las medidas de seguridad, y lo peor, al costo debe añadirse la destrucción de decenas de miles que no son utilizadas para sufragar, esto debido a los índices de abstención. Además, se ganaría en rapidez y facilidad en escrutinio y cómputos. Todo ello es cierto.

Sin embargo, la falta de certeza, transparencia y fiabilidad, los costos elevados de la implantación del voto electrónico y sus vulnerabilidades, unidos a la desconfianza pública, han motivado que, tras usar la urna electrónica, varios países hayan dado marcha........

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