La autoprórroga de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) entre 2023 y 2025 no fue un “lapsus desafortunado”: fue un golpe silencioso contra el corazón mismo del Estado democrático de derecho. En términos sencillos y contundentes, lo que sucedió no solo dañó la institucionalidad boliviana —lo desfiguró.

En un Estado de derecho, incluso el que se define como plurinacional y democrático, el poder no pertenece a quienes lo detentan hoy, sino a las reglas que organizan su ejercicio y su recambio. El TCP, en lugar de custodiar esas reglas, decidió reescribirlas a su favor. Al autoprorrogar sus mandatos con la DCP 0049/2023, el tribunal dejó de ser árbitro para convertirse en actor. Y no un actor cualquiera: un actor que se adjudica funciones que la propia Constitución no le........

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