El Ministerio de Educación ha iniciado el proceso de actualización de los aranceles regulados que rige las transferencias de recursos a las instituciones de educación superior que acogen a estudiantes provenientes del 60% más vulnerable de la población. Tales aranceles deben cubrir los costos materiales, humanos, infraestructura y otros requeridos para impartir una carrera.

La gratuidad constituye un política pública muy trascendente por su sentido de justicia social. Que la cuna no impida a las personas desarrollar sus talentos y cumplir sus anhelos de una mejor calidad de vida para sí y sus familias.

Las universidades regionales hacen suya la misión de contribuir a la inclusión y al desarrollo social, al progreso de las comunidades, territorios y reducir las desigualdades que castigan a las personas sólo por vivir en determinados lugares.

La experiencia de varios años con la política de gratuidad justifica solicitar una revisión de los criterios que definen los aranceles, los que deben considerar de manera integral como las características de la región moldean el quehacer universitario.

En síntesis, la variable “Ubicación de la carrera y/o la Institución en una región extrema del país definida según Ley N° 20.655”, es errada e injusta de forma y fondo, pues esa ley y concepto refiere a propósitos muy distintos, como fueron el........

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