En una sociedad que aspire a llamarse justa, el trato hacia sus jubilados y pensionados constituye una prueba decisiva de su calidad moral. No se trata únicamente de montos, bonos o ajustes salariales; se trata del reconocimiento debido a quienes entregaron décadas de trabajo, esfuerzo y contribución al sostenimiento del país. Cuando a ese sector se le retrasa el pago, se le fragmentan los beneficios, se le reducen los montos o se le excluye de derechos que sí se reconocen a los activos, lo que se está produciendo no es una simple irregularidad administrativa, sino una forma de despojo institucional y de agravio social.

Los reclamos que hoy expresan jubilados y pensionados no son exagerados ni caprichosos. Son el resultado de años de deterioro acumulado, de promesas incumplidas y de una política salarial que ha convertido el ingreso en una ficción. Entre las principales exigencias está el pago completo e igualitario de los beneficios que sí reciben los trabajadores activos: los 28 días de ajuste salarial, el Bono de Profesionalización, las vacaciones o el Bono Recreacional. Nada de eso debería estar sujeto a discriminación por condición de retiro, porque la jubilación no extingue los derechos adquiridos; por el contrario, exige mayor protección.

A ello se suma una denuncia de enorme gravedad: en distintas instituciones nacionales y regionales, los recursos de las cajas de ahorros que corresponden a los jubilados y pensionados no se entregan con la transparencia debida. El caso de algunas instancias del Cleb del estado Bolívar ilustra una realidad que se repite en diversos espacios: a los trabajadores activos se les paga, pero a los jubilados se les posterga o se les niega lo que también les pertenece. Si a esos fondos se les descuenta el 10% del salario y el patrono aporta el 20%, no estamos ante una dádiva sino ante dinero generado por derecho y destinado a un fin específico. Retenerlo, desviarlo o administrarlo........

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