La Fábrica de Culpables

El «show judicial» como Política de Estado en Venezuela

La justicia penal en Venezuela no opera como un árbitro de la verdad, sino como una fábrica de mitos políticos y expedientes prefabricados orientados al control social. A lo largo de casi nueve años —desde el 5 de agosto de 2017 hasta su renuncia ante la Asamblea Nacional el 25 de febrero de 2026—, la gestión del fiscal general Tarek William Saab perfeccionó una estrategia alarmante: instrumentalizar tragedias reales, delitos comunes, desapariciones forzadas y supuestas conspiraciones para construir narrativas de «amenaza permanente», justificando así un estado de excepción de facto y el sometimiento de la población a través del miedo.

Dos Casos Emblemáticos

Bastan dos ejemplos para ilustrar esta dinámica: las investigaciones sobre la muerte del icono del rap Tirone González «Canserbero»[i], ocurrida el 20 de enero de 2015, y la desaparición y presunto asesinato del histórico luchador social y asesor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Carlos Lanz Rodríguez[ii], reportada el 8 de agosto de 2020. Ambos casos, gestados e investigados en Maracay, estado Aragua, constituyen la radiografía más cruda del sistema que perfeccionó Tarek William Saab, avalado por el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante la mirada complaciente o amplificadora del sistema de medios oficialistas.

Ambos procesos revelan cómo el Ministerio Público consolidó un patrón de criminalización que sacrificó el debido proceso en aras del impacto comunicacional. En estos casos, la opinión pública presenció un mismo guion teatralizado: sentencias emitidas en televisión antes de cualquier juicio lícito, e incontables vídeos con confesiones obtenidas bajo total aislamiento —en condiciones de desaparición forzada— y en situación de absoluta indefensión jurídica.

El mecanismo es tan efectivo como perverso. Al convencer a la sociedad de que el país está bajo un asedio criminal inminente, el poder busca un cheque en blanco de la ciudadanía: la falsa premisa de que es necesario tolerar la violación de los derechos fundamentales a cambio de una supuesta seguridad nacional. Sin embargo, detrás de las ruedas de prensa estruendosas, la realidad jurídica es desoladora, como lo demuestran las constantes denuncias de familiares en redes sociales ante el silencio de las autoridades.

Hasta el día de hoy, las defensas legítimas y los familiares de los procesados tienen prohibido el acceso a las actas físicas de los expedientes, instalando una opacidad procesal permanente que impide cualquier posibilidad de defensa real. Por si fuera poco, se intimida a las familias y se persigue a las organizaciones no gubernamentales que las orientan y buscan vías para la denuncia pública.

Para las familias de las víctimas, esta instrumentalización representa una doble violación de sus derechos humanos. No solo lidian con la pérdida o el encarcelamiento de sus seres queridos, sino con el estigma impuesto por un aparato estatal implacable que le prohíbe el acceso a la verdad. Cuando la opinión pública acepta el vídeo de una confesión forzada como prueba irrefutable, convalida la coacción como método legítimo de administración de justicia; o como lo resumió Ernesto Sábato en septiembre de 1984, en el prólogo del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina[iii]:  

«En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror»: «Por algo será»

Terremotos y Fragilidad Institucional

Frente a una realidad documentada en exhaustivos informes de la Misión de........

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