El próximo 2 de agosto entra en vigor una nueva fase de aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act). Durante estas semanas se publicarán numerosos análisis sobre las obligaciones que introduce la norma, los sistemas considerados de alto riesgo o las nuevas responsabilidades para empresas y administraciones. Los abogados adaptaremos contratos, políticas internas y protocolos de uso de IA, igual que hicimos en su día con el Reglamento General de Protección de Datos.

Es lógico que así sea. La Unión Europea ha querido situarse de nuevo a la vanguardia de la regulación tecnológica, convencida de que una innovación con un impacto tan profundo sobre la sociedad no puede desarrollarse al margen de la dignidad humana, la igualdad o la democracia. Celebro ese esfuerzo.

Sin embargo, mientras leía el Reglamento, no conseguía apartar de mi cabeza otra preocupación. El AI Act intenta responder a una pregunta imprescindible: qué límites debemos imponer a la inteligencia artificial. Pero creo que también nos obliga a formular otra, quizá más decisiva: cómo cambiará la inteligencia artificial la forma en que aprendemos a ejercer el criterio profesional.

Pensando en la abogacía, recordé una clase de Derecho Penal de segundo de carrera. Corría el año 1992. Mi profesor era el catedrático Miquel Prats Canut, uno de esos docentes que, más que explicar un temario, enseñaban una manera de pensar.

Un día lanzó una provocación que entonces sonaba a ciencia ficción. Decía que, si el trabajo del jurista consistiera únicamente en leer la ley y aplicarla a unos hechos, bastaría con construir una máquina: por un lado introduciríamos la descripción de los hechos; por otro, el Código Penal; la máquina devolvería la respuesta correcta.

Recuerdo las........

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