Si aspiramos a formar ciudadanos con criterio propio, capaces de discernir y cuestionar debemos asumir que la alfabetización tecnológica es tan esencial como la lectura

Hace unas semanas, el Gobierno de Pedro Sánchez hizo pública su intención de impulsar una norma para impedir que los menores de dieciséis años accedan a las redes sociales. Con esta iniciativa, España se suma a otras naciones –entre ellas Australia, Francia y Dinamarca– que ya han adoptado medidas semejantes o avanzan en esta dirección. En distintos países, sobre todo dentro de la Unión Europea, aunque también en lugares tan distantes como Malasia, se debaten proyectos de alcance similar. La decisión se apoya en una abundante producción académica que documenta los daños que estas plataformas generan en niños y adolescentes, en particular en el terreno de las capacidades cognitivas y del equilibrio emocional. Tras el anuncio, Elon Musk –acérrimo partidario de una libertad digital sin restricciones– reaccionó de inmediato, calificando al mandatario español de autoritario.

La irrupción del ecosistema digital ha transformado radicalmente la experiencia humana. Más allá de las incontables ventajas que ha supuesto –y que no me dedicaré a enumerar aquí–, sus consecuencias adversas son visibles: las redes no solo erosionan facultades que creíamos indisociables de nuestra evolución como especie, sino que, debido a su arquitectura diseñada para maximizar la dependencia, se vuelven extraordinariamente difíciles de abandonar, como si se tratara de sustitutos de una droga. A ello se añaden efectos colectivos cada vez más perniciosos: hoy sabemos que fomentan el aislamiento –individual y grupal–, favorecen procesos de adoctrinamiento carentes de........

© ABC