¿Quién paga la cuenta?
“¿Y mi plata?”, pregunta el líder comunitario al joven que entrega las sillas… “Toca que vaya a la sede”, responde el encargado de apilar los asientos… Al caer la tarde, un grupo de vecinos se reunirá en un salón del barrio para escuchar la intervención del candidato de turno, sin saber bien de quién se trata y qué representa, a cambio de un sándwich con gaseosa. Nada de lo que está sucediendo en esas cuatro líneas de este párrafo es gratis, la democracia cuesta, diría cualquier desprevenido, muy a pesar de los innumerables esfuerzos que se hacen para cuidarla.
Alquiler de sillas, transporte, sonido, pregoneros, camisetas, gorras, pasacalles, volantes, refrigerios y propinas… sumen y hagan cuentas… ¿quién termina pagando esos costos?, ¿de dónde sale la plata?, ¿alguien lleva esos números? aspirar a ser elegido, en un país como Colombia, dejó de ser un acto de fe, cuando la persona que lo intenta de forma ‘legítima’ termina quebrado, para dar paso a una intrincada red de ‘favores’ que reproducen, como se volvió usual, poderosas empresas electorales que se han ido afinando, con el paso del tiempo, ya sin siquiera ruborizarse.
La Red Santandereana por la Transparencia, integrada por el Instituto de Estudios Políticos de la UNAB, el Comité Transparencia por Santander, el programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y este medio de comunicación, trabaja desde hace por lo menos ocho años en la publicación de alertas sobre el cumplimiento de los candidatos en las distintas contiendas a la hora de reportar, en el portal Cuentas Claras, los informes individuales de ingresos y gastos de sus campañas. Para el caso de la Cámara de Representantes hasta el lunes pasado, 16 de febrero, tan solo lo había hecho el once por ciento de los ochenta aspirantes inscritos.
A esta iniciativa se ha sumado una potente alianza entre gremios económicos, la academia y medios de comunicación regionales, la cual ha propiciado foros de conversación con candidatos a ocupar el Capitolio durante los próximos cuatro años, de manera que la ciudadanía pueda conocer, de viva voz, quiénes son estos personajes, con sus luces y sombras, sin el ruido de los altavoces y la distorsión tendenciosa del algoritmo que se reproduce como conejos en cuanto grupo de WhatsApp lo permite.
El derecho al voto exige el deber de hacerlo debidamente informado, especialmente, cuando la democracia resiste tal vez como nunca antes amenazas latentes, desde fuera y por dentro, que pretenden socavarla. El desafío está en que el mensaje llegue hasta ese líder comunal que, por unos pesos, deslegitima su condición. No cabe, en este ejercicio de largo aliento que a veces pareciera ir en bicicleta estática, desistir. La cuenta, al final, la terminamos pagando usted y yo.
