La evidente protección gubernamental, exhibida a través del trato otorgado a algunos involucrados en actividades delictivas distorsiona la aplicación de la justicia en México. El caso Sinaloa es singularmente ilustrativo, pues ahí han tenido lugar hechos que en los últimos años desnudan la pasividad, omisión o confluencia del gobierno con la expansión de la delincuencia; a través de esa postura se politizan los procesos judiciales, pues de un lado se coloca el trato a los aliados del régimen y, en la cara opuesta, a quienes se les considera adversarios por ser críticos o mantener una opinión distinta a la oficial.

La dicotomía y contraposición así expuesta resulta clara, pues divide a los justiciables entre protegidos y perseguidos; una especie de taxonomía entre la visión de amigos y enemigos que promulgaba Carl Schmitt en su manera de entender la política, y quien cursó por las filas del nazismo por un periodo breve.

Tiene semejanza con aquélla, la contrastante actitud y posición del gobierno de cara al camino seguido para procesar, en Estados Unidos, al ex secretario de seguridad en el gobierno calderonista, García luna, con el que ahora se asume con Rubén Rocha Moya; en un caso el gobierno mexicano festinó los señalamientos y la condena que se le aplicó por parte del vecino del norte, mientras en el otro resiste su extradición y asume una defensa de esa causa, mal disfrazada en el culto a la soberanía nacional.

El enemigo condenable, el amigo imbatible (incluso el hermano en la expresión del más reciente expresidente de la República), sintetizan la visión dicotómica que se asume. Desde luego es un enfoque faccioso y maniqueo.

El coro que se emitió a favor de Rubén Rocha Moya en el escenario de la crisis de 2024, después de que ocurriera la detención del Mayo........

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