Conocí a Ernesto Ruffo Appel hace más de 35 años, cuando siendo gobernador de Baja California nos inauguró instalaciones de Banamex en esa entidad. A lo largo de mi trayectoria profesional en el sector financiero, tuve oportunidad de trabajar y tratar con autoridades en distintos estados del norte, centro, sur y sureste del país. De los gobernadores con quienes tuve contacto, Ruffo fue, en mi experiencia personal, uno de los más decentes.

Eso no demuestra su inocencia. Tampoco su trayectoria política puede convertirse en inmunidad.

Si la Fiscalía General de la República tiene pruebas suficientes para acreditar que participó conscientemente en delitos, debe presentarlas ante los tribunales y asumir la responsabilidad que corresponda.

Pero tampoco podemos ignorar lo extraordinario del caso.

Hablamos de un hombre de 74 años, del primer gobernador panista de Baja California y de una figura emblemática de la alternancia política mexicana, detenido y presentado mediante un despliegue de alto impacto, esposado y rodeado por elementos federales, como corresponde a la imagen pública de un individuo de elevada peligrosidad.

Una orden de aprehensión, sin embargo, no es una sentencia. Y cuando una actuación de esta naturaleza ocurre en un país cuyo Poder Judicial atraviesa una reforma profundamente cuestionada por su politización, la pregunta deja de ser solamente quién es Ernesto Ruffo.

La pregunta es qué mensaje está enviando México sobre la forma en que aplica la ley.

Una sola justicia o varias

El problema central no consiste en afirmar que Ruffo es inocente porque fue un gobernador respetado.

Eso sería jurídicamente absurdo.

El problema es la percepción de asimetría.

En México existen otros personajes públicos —entre ellos gobernadores, exsecretarios y dirigentes políticos— alrededor de los cuales han surgido controversias, investigaciones periodísticas o cuestionamientos públicos. Eso tampoco demuestra responsabilidad penal de personas como Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar, Maru Campos o Adán Augusto López Hernández.

Pero la ciudadanía observa.

Observa cuándo la autoridad actúa.

Observa cuándo investiga.

Observa cuándo despliega toda la fuerza del Estado.

Y observa también cuándo parece no hacerlo.

Ahí comienza el problema de credibilidad.

Porque un Estado de derecho no puede funcionar bajo la........

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