El gobierno electo de Colombia tiene ante sí una inmensa oportunidad de ocupar un espacio de liderazgo regional en la lucha contra el crimen transnacional. No solo porque el gobierno de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo tiene como prioridades fortalecer la seguridad, disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos -que alcanzaron durante el gobierno de Gustavo Petro sus cifras más alarmantes- y aumentar la presencia del Estado en los territorios que hoy están bajo el control de grupos criminales, sino también por la alineación política que se presenta en la región, donde, salvo un par de países, los gobiernos han dado un giro hacia la derecha. Por primera vez en dos décadas hay convergencia política regional en torno a la seguridad como prioridad, y Colombia puede pasar de ser objeto de la agenda hemisférica a ser su arquitecto.

Si bien hay países como México y Brasil, cuyas distancias políticas son evidentes, la realidad del crimen organizado, que los afecta notablemente, debería llevarlos a tomar decisiones prácticas y eficaces, acordes con la gravedad de los hechos que vive la región. Los datos sobre la materia son dicientes: el Índice Global de Crimen Organizado 2025 sitúa a Colombia, México, Paraguay y Ecuador entre los países más desafiados del mundo por el crimen organizado. Según un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el crimen organizado ha provocado desde el año 2000 tantas muertes como los conflictos armados en el mundo. El crimen transnacional no es, además, solo un asunto de seguridad, sino también de economía: tal como lo han sostenido el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estima........

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