La historia del acceso a la tierra en Colombia, sin remontarnos demasiado atrás, puede situarse en la época del Frente Nacional, momento en el cual el Estado emprendió uno de los primeros intentos institucionales de redistribución agraria. En ese contexto se expidió la Ley 135 de 1961, cuyo propósito era promover una reforma agraria basada, entre otras medidas, en la adjudicación de baldíos a campesinos, con el fin de materializar el principio de la función social de la propiedad rural.

Sin embargo, este esfuerzo terminó siendo en gran medida fallido debido a la debilidad institucional del Estado de ese momento, reflejada en una carencia de entidades sólidas y de mecanismos eficaces para formalizar las adjudicaciones, así como la oposición de algunos terratenientes a esa redistribución. Como resultado, el proceso derivó en muchos casos en simples dinámicas de colonización de territorios o en la ocupación de tierras improductivas por parte del Estado, en lugar de traducirse en una política de adjudicación formal de tierras a campesinos capaces de desarrollar una explotación agrícola responsable y productiva.

Sumado a lo anterior, en enero de 1972, se firmó el Pacto de Chicoral, el cual consistía en evitar la expropiación de latifundios y grandes extensiones de terreno que no estaban siendo explotados, obstruyendo nuevamente los intentos por redistribuir la tierra. En este punto podemos ir identificando algunas de las razones por las cuales Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y el tercero o segundo en Sudamérica, según la fuente.

En los ochenta, nos enfrentamos a otras complicaciones, esto es: expansión del narcotráfico, compra masiva de tierras por narcotraficantes, aumento del desplazamiento forzado y crecimiento de grupos paramilitares.

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