El correcto funcionamiento de la administración de justicia es el pilar fundamental de cualquier sociedad civilizada. En un Estado de derecho, la convivencia se articula mediante normas predecibles —la ley— que delimitan el actuar de los individuos. Cuando este equilibrio se rompe debido a la impunidad y el incumplimiento sistemático de las reglas, la vida cotidiana de los ciudadanos se ve profundamente afectada. Ya sea ante un robo, una estafa, una extorsión o un secuestro, la seguridad que debería estar garantizada por el Estado se convierte en un albur, dejando a los ciudadanos a merced de la arbitrariedad.

La sociedad, a través del Estado, tiene el deber de reprimir las conductas que transgreden el marco legal con el fin de proteger los derechos de la mayoría. El castigo —ya sea económico, privativo de la libertad o, en otras latitudes y contextos, más severo— no es un capricho de las autoridades, sino un deber imperativo para garantizar........

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