Regular las redes sociodigitales puede limitar nuestra libertad
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El impacto de la tecnología en la salud mental y el desarrollo de la infancia dejó de ser una preocupación especializada para convertirse en un asunto prioritario de la agenda política global. La discusión es legítima: niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos reales en entornos digitales cada vez más opacos, adictivos y difíciles de supervisar.
Esta semana, en Francia, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años. En México, el gobierno federal abrió foros nacionales para construir una iniciativa legislativa sobre el uso de plataformas digitales, inteligencia artificial y teléfonos celulares en las escuelas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que la propuesta debe basarse en evidencia científica, respetar los derechos humanos y promover un uso responsable de la tecnología.
En 2025, la Secretaría de Educación Pública formó un grupo de trabajo para analizar los efectos de las redes sociodigitales, la inteligencia artificial y los teléfonos inteligentes en la vida escolar y social de los menores.
La dependencia además ha organizado foros regionales con la participación de académicos, docentes, directivos, madres y padres de familia. La consulta busca reunir evidencia, experiencias y preocupaciones antes de definir una eventual regulación.
A primera vista, la intención parece inobjetable: proteger a los jóvenes del ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos, el insomnio, la adicción a los algoritmos de gratificación instantánea y otros daños asociados al uso intensivo de plataformas digitales.
El punto de partida del argumento oficial también es atendible: las grandes plataformas tecnológicas operan con algoritmos opacos, monetizan la atención, refuerzan sesgos de confirmación y fallan con frecuencia en la moderación de discursos violentos. Esa falla estructural existe y exige respuestas públicas.
Sin embargo, la necesidad de regular las redes sociodigitales representa un dilema democrático: proteger a la infancia no debe convertirse en un pretexto para debilitar la privacidad, el anonimato y la libertad de expresión en internet.
1. Verificación de edad: el costo oculto para la privacidad
El primer gran obstáculo de cualquier intento de restringir o regular el acceso a las redes sociodigitales —ya sea mediante una........
