Ayer debutó “Derecho de réplica”, el programa del gobierno federal que conduce la consejera jurídica Luisa María Alcalde. La premisa inquieta. Un derecho concebido para que el ciudadano vigile al poder termina convertido en un estrado televisivo desde el cual el poder vigila a la prensa. Los medios figuran allí como un “ecosistema” dedicado a mentir sobre el quehacer del gobierno. Conviene desmontar esa confusión, porque no es inocua. Cuando la autoridad trastoca las categorías del derecho, viste de legalidad lo que carece de cimiento. Y ningún acto se legitima por el solo hecho de exhibirse, por más reflectores que lo alumbren.

Primero. Digámoslo sin rodeos. El derecho a la información no se desprende, sin más, de la libertad de expresión, como afirma Alcalde. El parentesco es estrecho; la identidad, no. Y la diferencia es de estructura, no de matiz. La libertad de expresión —artículos 6o y 7o constitucionales— faculta a cualquiera para difundir ideas, opiniones y hechos. Impone al Estado un deber de abstención: no silenciar, no censurar. Su titular es quien habla. El derecho a la información tiene otra naturaleza, y signo contrario. Pertenece al gobernado, y a la sociedad entera. Reclama recibir hechos veraces, plurales y oportunos. No exige que el poder se aparte, sino que actúe: que garantice un caudal informativo abundante y diverso. Su adversario no es la mordaza, sino la opacidad. A una se la viola callando a alguien; al otro, dejando a todos a oscuras.

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La distinción dista de ser ociosa. De ese derecho penden el voto informado, la rendición de cuentas, el control del poder. Sin información veraz no hay ciudadanos que vigilen. Sólo espectadores que aplauden. Una democracia se mide menos por lo que el poder proclama que por lo que el ciudadano alcanza a saber.

Es verdad que la Corte Interamericana acercó ambas figuras. En la Opinión Consultiva OC-5/85 vio en el derecho a recibir información la dimensión social de la libertad de expresión. Pero el orden mexicano fue más lejos. El artículo 6o........

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