México inicia la construcción de su marco normativo del derecho ambiental para la protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988. En 37 años de lento camino hoy contamos con muchas leyes federales que supuestamente aseguran que nuestro país tenga un desarrollo sustentable. Cuyo objetivo es conservar, proteger y restaurar el equilibrio ecológico para garantizar el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano.

Desafortunadamente el modelo de gestión ambiental que nos dimos para lograrlo no ha funcionado porque estamos inmersos en un círculo de corrupción entre los funcionarios de los organismos ambientales de los tres niveles de gobierno y los mexicanos dedicados a todas las actividades económicas.

Con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos desconcentrados: la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente formalmente desde 1992, se establece el entramado institucional regulatorio y de vigilancia del cumplimiento ambiental, soportado por nuestra legislación ambiental, que incluye la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Productos........

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