España no es país para niños, publicaba hace unos meses en este mismo periódico. En aquel artículo listaba las reformas y los avances que el Ministerio de Infancia y Adolescencia quería realizar en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia (LOPIVI), para asegurar que las personas menores en nuestro país fueran sujetos de derecho y no meros objetos sin voz, sin opinión o sin capacidad de tomar decisión sobre lo que sucede en sus vidas.

Pero estos avances se frenaron de golpe el pasado 5 de octubre, cuando el presidente del Gobierno anunció el adelanto electoral. En ese momento, toda norma que no hubiera sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, decae. Es decir, deja de tramitarse y se entierra en un cajón. Recuperarla dependerá del nuevo Gobierno que salga de las urnas y de la voluntad política de los nuevos gestores. Pero el proceso deberá iniciarse desde el principio. Esto implica que las niñas, niños y adolescentes de nuestro país seguirán siendo, como hasta ahora, ciudadanos de segunda. Pequeños proyectos de personas sin derechos garantizados.

"España tiene una deuda con parte de sus infancias porque durante años se ha dudado (…) de la palabra de niños, niñas y adolescentes y se ha criminalizado a las mamás protectoras".

Con esta frase, pronunciada en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el 5 de mayo de 2026, la ministra Sira Rego iniciaba el trámite para reformar la LOPIVI. La norma, que había entrado en vigor sólo cinco años antes (en junio de 2021), había mostrado tener grandes grietas que desprotegían a los menores y a sus madres y una seria falta de aplicación por parte de la Justicia, que era urgente subsanar.

Entre ellas, la necesidad de........

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