Cuando parecía que el inicio del curso político continuaría marcado por el odio y la deshumanización hacia las personas migrantes, cosechados con ahínco a lo largo del verano, una sacudida de realidad gira por completo un marco de discusión política en el que cualquier propuesta basada en la defensa de los Derechos Humanos aquejaba de una falta de oxígeno cada vez más preocupante. El 23 de septiembre, el debate público deja de señalar con el dedo acusador hacia abajo para, por primera vez en mucho tiempo, volver mayoritariamente la mirada hacia arriba. Una nueva conversación atravesada por las condiciones materiales de las clases populares inunda repentinamente todo el territorio y transforma el estado de ánimo.

El desahucio de Maricarmen ha producido una serie de consecuencias políticas de sobra conocidas: movilizaciones populares, un campamento en la Puerta del Sol que remite inevitablemente al 15M y toda una serie de acampadas y acciones diversas a lo largo y ancho del país. Como consecuencia, el Gobierno planteó dos decretos de mínimos negociados con el Sindicato de Inquilinas que una mayoría rentista en el Congreso terminó por tumbar. Sobre las consecuencias institucionales se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo. No es el tema que nos lleva a componer este texto, si no el proceso por el cual se ha gestado esta movilización con una fuerza política inesperada y el papel que están jugando las diferentes organizaciones, especialmente el Sindicato de Inquilinas, en la construcción de un poder popular que funciona con agencia propia. Lo que ha pasado estas semanas ha tenido mucho de freno de emergencia y viraje hacia lugares comunes aún por explorar, quedando por ver si podemos comenzar a hablar de un momento de impugnación.

Maricarmen fue militante del Sindicato de Inquilinas de Madrid, rompió desde el primer momento con el rol de “la buena víctima” en el que los medios de masas hubiesen querido encasillarla. Ya en febrero, tras la caída del decreto antidesahucios, queda desprotegida con un intento de desalojo el 3 de junio. Gracias a la valentía que confiere la organización popular ante un conflicto concreto, lejos del papel de ancianita vulnerable, ella pone el cuerpo con plena conciencia y hasta las últimas consecuencias para convertirse en símbolo y portavoz de una lucha construida colectivamente desde el anclaje en la acción cotidiana sostenida en el tiempo. “Luchad por vuestras casas, porque tenemos derecho a ellas”, la frase pronunciada por la afectada del caso en la vigilia de su desahucio, puede parecer una vaguedad a ojos de quien no es capaz de ver más allá del discurso y la batalla de ideas en lo teórico. A nuestro juicio, en realidad encierra las claves más importantes del ciclo de movilización que se abre. Pero ¿qué significa luchar por nuestras casas?

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