La inclusión de la noción de "prioridad nacional" en los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox primero en Extremadura y hace pocos días en Andalucía, ha situado en el centro del debate una propuesta que va mucho más allá de la política migratoria. Bajo la idea de reservar determinados derechos, prestaciones y recursos públicos preferentemente a los nacionales, esta medida plantea relevantes problemas de constitucionalidad y anticipa transformaciones sociales cuyos efectos no se limitan a los extranjeros, sino que podrían extenderse al conjunto de la población.

En la Proposición No de Ley presentada por Vox en Les Corts Valencianes el 23 de abril de 2026 se define la noción de prioridad nacional en torno a varias medidas: "poner fin a los procesos de regularización masiva y reforzar el control sobre la inmigración ilegal", "establecer la preferencia de los españoles en el acceso a ayudas sociales, vivienda y prestaciones públicas", "limitar el acceso de los inmigrantes en situación irregular al sistema sanitario a los supuestos de urgencia vital" y "reservar las prestaciones no contributivas a los nacionales". La prioridad nacional aparece así configurada como un principio de restricción del acceso de los extranjeros a determinados derechos, prestaciones y recursos públicos.

Se trata, todas ellas, de medidas que plantean serias dudas de constitucionalidad al partir de una premisa incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) sobre los derechos de los extranjeros. Explicado de manera muy simple, la jurisprudencia constitucional distingue, en esta materia, tres grandes grupos de derechos: un primer grupo reservado a los nacionales, que son los del art. 23 CE (participación en asuntos públicos, acceso a cargos públicos y derecho de sufragio). Un segundo grupo que por su estrecha vinculación a la dignidad humana corresponde a todos sin poder ser restringidos o negados en función de la nacionalidad o de la situación administrativa de la persona (derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la tutela judicial........

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