En los últimos 100 años de nuestra  historia, la minería en Bolivia ha sido el motor de nuestra economía y paradójicamente, el catalizador de nuestros conflictos sociales más profundos.

En el último siglo, esta actividad ha sido gestionada bajo una visión fragmentada: el ingeniero se preocupa por el hallazgo de la veta, el economista por la cotización del mineral, el administrador por optimizar los costos de operación, el activista ambiental por los niveles de contaminación, los diferentes niveles de gobierno por captar los impuestos y regalías, y el dirigente sindical por atención a sus reivindicaciones. 

En el actual contexto mundial en el que se desarrolla la minería esta visión fraccionada ha caducado. Hoy la minería se enfrenta a una realidad compleja donde la suma de estas partes desconectadas no resulta en un todo funcional, sino en un sistema en crisis permanente. 

La actual gestión de gobierno en diferentes espacios ha planteado como una de sus metas contar con una nueva Ley Minera, que reemplace a la actual Ley 535 de Minería y Metalurgia, que en su tratamiento y arribo a consensos demandó 4 años de discusión y que por falta de visión estratégica y acompañamiento, no pudo cumplir con sus cometidos. El principal error fue........

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