Con el tiempo uno desarrolla cierta intuición para detectar cuándo el Estado está a punto de dispararse en el pie. Hoy volvemos a ver cómo esta vieja y trágica tradición nacional vuelve a repetirse por la carencia de una política minera que hábilmente pretende ser maquillada por “iniciativas” legislativas que lejos de buscar un beneficio para el país, pretenden buscar otros beneficios para particulares.  

La última de estas iniciativas es el Proyecto de Ley PL-728-2025-2026, irónicamente bautizado como "Ley Corta de Monetización de Desmontes, Colas y Relaves de la Minería Estatal".

Resulta verdaderamente conmovedora la fe ciega de nuestros proyectistas o su hábil capacidad de maniobra para hacernos creer lo que no es cierto. Al carecer de una brújula o un plan integral a largo plazo, han decidido que la mejor estrategia de Estado es la improvisación documentada. A simple vista, el texto pretende ser el guardián del patrimonio: ordena elaborar un "Inventario Nacional de Desmontes, Colas y Relaves" en 180 días y prohíbe disponer de estos pasivos sin una valoración técnica actualizada (Artículo 13). Incluso, en un arranque de lucidez fiscalizadora, el Artículo 19 instruye a la Contraloría auditar las operaciones de los últimos 10 años.

Esta es, sin duda, una medida sanitaria indispensable para esclarecer los fuertes rumores de ventas subvaluadas y daño económico que han sido denunciadas en gestiones pasadas, sobre el zinc, el cobre y estaño, y establecer responsabilidades sobre los malos funcionarios que estarían involucrados; sin embargo, el diablo, como siempre en la minería, está en los detalles y en la asombrosa amnesia institucional del documento.

Es fascinante cómo el proyecto resuelve los problemas operativos: creando más burocracia, siguiendo la brillante estrategia de ignorar lo que ya existe, ¡Viva el Estado........

© Noticias Fides