10 de abril 2026 - 03:08

Málaga ha presentado un decálogo para abaratar la vivienda. Muy bien. Otro decálogo, otro consejo, otra mesa, otro diagnóstico. España tiene una capacidad casi artística para redactar papeles cuando ya ha dejado que el problema se pudra. Y eso es justamente lo que refleja esta noticia: Málaga no es una rareza, sino un retrato bastante fiel del fracaso nacional en la gestión de la vivienda.

Cuando una ciudad descubre de pronto que hay que blindar suelo público para VPO, ampliar parque asequible, revisar el peso del alquiler turístico, simplificar trámites y mejorar la conexión con las zonas periféricas, lo que está haciendo no es anunciar una genialidad, sino admitir una suma de errores. Si ahora hay que recordar que el suelo público debe servir para vivienda protegida, es porque antes se permitió que dejara de cumplir esa función. Si ahora se habla de seguridad jurídica, incentivos y rehabilitación, es porque durante años se gobernó a golpe de ocurrencia, propaganda y parche, como si el mercado fuera a corregir por sí solo lo que la dejación política había empeorado.

Ese es el verdadero problema. No falta diagnóstico. Falta gobierno. Falta continuidad. Falta tomarse la vivienda como una cuestión estructural y no como una excusa para la foto, la jornada técnica o el titular de urgencia. Porque mientras las administraciones elaboran catálogos de buenas intenciones, la realidad va por delante: la persona joven no puede emanciparse, la familia trabajadora dedica una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y quien cobra un sueldo normal empieza a sentirse expulsada de su propia ciudad.

Primero te expulsan del centro. Después de los barrios. Luego, de Málaga entera. Y cuando ese desplazamiento ya se ha normalizado, aparece un decálogo como si acabáramos de descubrir América. Pero no. El problema lleva años encima de la mesa. Lo que no ha habido es voluntad de actuar a tiempo, de construir de verdad, de reservar suelo de verdad y de entender que una ciudad no puede convertirse en un escaparate para visitantes mientras quienes la sostienen no pueden vivir en ella. Por eso esta noticia no tranquiliza. Inquieta. Porque confirma que Málaga repite el mismo patrón que España: administraciones que llegan tarde, planes que nacen cuando la emergencia ya se ha desbordado y responsables públicos que siguen dando los mismos palos de ciego mientras la vivienda se convierte, cada vez más, en un privilegio y no en un derecho real.

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