Diecisiete mercados para un solo país

España no sufre un exceso de CCAA: sufre un exceso de producción normativa sobre la misma actividad económica por parte de tres niveles administrativos.

Hay una empresa que fabrica un componente industrial en Zaragoza y quiere vendérselo a un cliente en Sevilla. En cualquier lógica elemental de mercado interior, esa operación no debería requerir más que un contrato y una factura. En la práctica española, puede requerir que la empresa acredite, ante la Administración Andaluza, el cumplimiento de una normativa local de homologación que ya cumplió, en su día, ante la Administración Aragonesa. No porque el producto sea distinto. Porque la frontera administrativa, dentro de un mismo país, sigue actuando como si fuera una frontera económica.

En diciembre de 2013 se aprobó una ley que intentó corregir exactamente esto: la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Su columna vertebral era sencilla y, sobre el papel, poderosa: una empresa legalmente establecida en una Comunidad Autónoma podría operar en cualquier otra sin cumplir requisitos adicionales, porque la autorización obtenida en origen se reconocería automáticamente en destino. El Gobierno que la impulsó calculó que la norma podía añadir un 0,15% anual al crecimiento del PIB. Una cifra modesta en un solo ejercicio, pero acumulativa, y nada desdeñable en un país con la productividad estancada que España lleva arrastrando desde hace dos décadas.

La ley duró poco más de tres años en su versión plena. En 2017, el Tribunal........

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