En el Supremo se puede declarar enmascarado y por escrito, pero no se puede decir "puta"

Los balbuceos del fiscal Anticorrupción para evitar decir "puta" ya son parte de la historia más bochornosa de la Justicia española.

Si España no estuviera tan mal, no estaríamos felicitándonos por tener todavía un Tribunal Supremo capaz de juzgar a la banda de Sánchez, Si no tuviéramos al frente de la Fiscalía general del Estado a una sicaria del Gobierno empeñada en delinquir, que pide al Tribunal Constitucional que actúe como tribunal de casación y revoque la sentencia del propio Supremo contra García Ortiz, su anterior cabecilla y sicario de Sánchez, no veríamos con una sonrisa la ridícula mojigatería de Martínez Arrieta cuando afeó al fiscal que preguntase a una imputada si se dedicaba a la prostitución. Por lo visto, los juristas más importantes de España, que lo son, y por concurso, no se resignan a que la prostitución sea legal en la Unión Europea, incluida España. No así el proxenetismo, que no nombró Luzón. Los balbuceos del Fiscal Anticorrupción buscando cómo decir "puta" sin poner colorado al presidente forman parte ya de la historia chusca de la Justicia española.

La justicia es pública, según la Constitución

Dice la Constitución que los españoles somos iguales ante la ley y que la justicia es pública y se administra en nombre del Rey. Por pública se entiende que todos los ciudadanos, y por ende los medios de comunicación, deben tener acceso a los términos del juicio, salvo casos especiales, como los testigos contra narcotraficantes, terroristas o maltratadores, en los que se entiende la ocultación física de testigos clave o imputados importantes. Nada de eso cabe aducir a dos atrocidades consentidas, o sea, perpetradas, por el Tribunal Supremo que ha permitido que la actual presidenta de las Cortes y el actual ministro de memoria Democrática, Armengol y Torres, declarasen por escrito sobre la compra millonaria y fraudulenta a la trama Koldo de mascarillas, que era lo que se juzgaba, cuando eran presidentes autonómicos de las Islas Baleares y de las Canarias.

Pues bien, en lo que parece un verdadero alarde de prevaricación preventiva, el Supremo ha privado a la acción de la justicia y por tanto a los españoles del derecho a interrogar al testigo que tienen fiscales y abogados, así como a la prueba de contradicción, que era especialmente importante en este caso no sólo por los cargos que ocupaban cuando pudieron cometer presuntamente los delitos que se juzgan, sino por los aún más importantes que ocupan ahora y que obligan a la administración de Justicia, cuanto más al Tribunal Supremo, a un ejercicio mayor de transparencia y ejemplaridad.

Jessica pasa a la clandestinidad

No menos arbitrario, y no vulnera menos la igualdad de los españoles ante la Ley el permiso concedido a Jessica, una de las prostitutas, y esto no es injuria, porque están publicadas sus fotos, desnuda o semidesnuda, del catálogo en que ofrecía sus servicios. Que no eran de odontología, como en algún momento pareció entenderse en la sala y en algunos medios casi tan pudibundos como el Tribunal. A esta señora que, a cambio de sus favores en exclusiva, el imputado Ábalos le facilitó grandes sumas de dinero de los ciudadanos, se le permitió ocultar por completo su identidad, con peluca, gafas negras y mascarilla de las de covid o de robar bancos, tanto favorecía el disfraz la imposible identificación policial del ser detrás de su máscara. Al ministro del interior Fernández Díaz y otros prebostes del PP llamados a declarar en el Caso Kitchen les vendría muy bien presentarse con capuchas, como los socios y amigos del gobierno, los terroristas etarras, que ya están acostumbrados y, viéndolos presumir sus delitos, sin duda tienen nostalgia.

Un juicio a cencerros tapados y un veto semántico

El mejor momento de la justicia en España fue, seguramente, el del juicio a los golpistas catalanes de 2017. Allí quedó claro que era la Ley, y no la fuerza, la que derrotaba al intento de privar de sus derechos civiles a los catalanes y a todos los españoles, que eso, ni más ni menos, suponían las leyes de desconexión, el referéndum y la proclamación de la república. La condena por sedición y no por rebelión contra el orden constitucional, que es lo que era, estropeó la buena imagen de Marchena, que había presidido el tribunal y pastoreado brillantemente el juicio, pero la emisión diaria por televisión de las jornadas en la sala Segunda del Supremo, la de lo Penal, produjo un efecto realmente extraordinario de legitimidad del sistema y el Estado de Derecho, sobre todo por el buen hacer de los jueces.

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No es menos importante el juicio a la corrupción del partido y el Gobierno, la pintoresca banda de ladrones, comisionistas y putas (no amantes ni novias, que no cobran) cuya primera semana se ha celebrado en la misma Sala del Supremo. ¿Pueden explicarnos el pudibundo Arrieta o el temperamental Marchena, sentado a su siniestra, por qué no se emite por completo y sin cortapisas este juicio? ¿Ha prescrito también en este aspecto, y no nos hemos enterado, el carácter público de la justicia? Y una curiosidad: ¿es el habitual trato de privilegio a Begoña Gómez, cuya fortuna viene de donde viene, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a prohibir la castiza y popularmente asentadísima palabra "puta"?

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