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En Cómo matan (a mordiscos) nuestra democracia (La Esfera de los Libros), la periodista Elisa Beni realiza un recorrido por la erosión de las instituciones en nuestro país. Habla de la colonización por parte de los partidos políticos, de los intentos del poder ejecutivo por controlar al poder judicial, de los ataques a los jueces y a los periodistas. Describe un proceso de degradación democrática que se ha acelerado y expandido en los últimos años.

¿Cómo decidiste escribir este libro?

Veía a mucha gente completamente convencida de las tropelías que estaba llevando a cabo Trump con la democracia estadounidense, citando a politólogos norteamericanos. Entonces cogí los puntos clave que Levitsky y Ziblatt dan en Cómo mueren las democracias sobre cómo notar que una democracia se está deteriorando, y los apliqué a España. Quería demostrar, con un amplio recorrido histórico y casos concretos, cómo esas circunstancias se han ido dando en España, sobre todo desde 2015 en adelante, y cómo se han precipitado en este último gobierno hasta puntos muy peligrosos que mucha gente no es capaz de ver aquí, aunque sí los ve en otros países.

Una de las ideas del libro de Ziblatt y Levitsky es la ruptura de reglas informales: no solo lo estipulado, sino acuerdos más o menos tácitos, de cortesía, de respeto. Tú dices que lo más grave del gobierno actual es precisamente esa cuestión.

Como decía De Quincey, uno empieza asesinando y acaba por no saludar al vecino en la escalera; esto es al revés: se empieza no saludando en la escalera y se acaba asesinando. Y creo que es el motivo por el que los ciudadanos no terminan de ver esos pasos. Son pequeños, difíciles de identificar si no estás metido, porque son cosas aparentemente sin importancia: cortesías, usos y costumbres. Pero la democracia está hecha de todas esas cosas. No está hecha solo de votar cada cuatro años, sino de contrapesos y contrapoderes, y de usos fácticos que preservan esas normas. Por eso se dice que en democracia la forma es el fondo: la forma está pensada para preservar el fondo. Cuando atacas la forma, en realidad estás atacando la esencia de ese contrapoder.

Desde que empieza la llamada “nueva política”, a partir de 2015 –aunque podemos remontarnos a los atentados del 11 de marzo, donde ya aparecen algunos rasgos–, se acelera ese deterioro: los nuevos políticos empiezan por no respetar las formas democráticas mínimas, incluso la manera de estar en una cámara parlamentaria. Vivimos en una aceleración continua de esa pérdida. Sin ir más lejos, tras los sucesos de Ceuta –un fenómeno de guerra híbrida–, hemos sabido que el presidente del gobierno decidió no convocar el Consejo de Seguridad Nacional, no llamar al jefe de la oposición, no dar explicaciones al parlamento: decisiones puramente personalistas. Y después se retiró a descansar. Los regímenes democráticos están pensados para otro tipo de interacción, tanto con los ciudadanos como institucionalmente.

Y de rendición de cuentas.

Eso ya viene de antes. Recuerdo cuando Rajoy se presentaba con un plasma: un presidente que decide no contestar a los periodistas y sale por una pantalla de televisión a contarles cosas. Ahí hubo uno de los primeros fallos del periodismo: no habernos levantado todos y haberle dejado hablando solo al plasma. Ese control informal –la prensa, el sometimiento a sus preguntas– se ha ido laminando: primero no apareciendo, luego con muy pocas comparecencias, después con preguntas tasadas a los medios elegidos, y ahora con comunicación unilateral, mensajes, argumentarios. Todo eso es pérdida de calidad democrática.

En el libro empiezas hablando de lo que llamas “poner el árbitro a tu favor”. Ahí haces un repaso de cómo se van colonizando las instituciones: por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional fallido. En la Transición se toman decisiones transaccionales porque lo que se busca es el consenso, y hay que ceder: a la hora de elegir la fórmula de control del poder judicial se importa una fórmula de Italia, un experimento que nunca había existido en España. Acaba convirtiéndose en un órgano político. Eso ha producido la confusión entre el órgano de gobierno de los jueces y la justicia misma. Al juez nadie le puede decir lo que tiene que hacer, actúa según su saber y entender sometido al imperio de la ley, pero nadie se lo puede ordenar. Mucha gente no lo entiende: cuando no le gustan las investigaciones judiciales contra familiares del presidente del gobierno, hay quien pregunta por qué el Consejo no hace nada con ese juez. Es una confusión absoluta sobre la función de ese órgano, o una pretensión de que sea un control político de los jueces, lo cual sería anticonstitucional.

El primer Consejo, elegido según las normas primitivas por las que los jueces elegían a los miembros judiciales, fue tremendamente corporativo, sobre todo hacia la asociación mayoritaria de entonces, la Asociación Profesional de la Magistratura. Empezaron a oponerse a los cambios legislativos, y cuando llega Felipe González se encuentra con el Consejo como una pared. En 1985 decide cambiarlo, y da un paso que nunca se debió dar: reinterpretar la Constitución para que esos vocales pudieran elegirse en el parlamento, refrendado por el Constitucional con muchas florituras –por ejemplo, que no se eligieran según la composición partidista–. Hemos derivado hacia un proceso en el que la ciudadanía cree que renovar el Consejo consiste en que el gobernante y el jefe de la oposición se sienten y hagan un cambio de cromos. Eso está totalmente fuera de la Constitución. Durante los diez años que estuvo bloqueado no hubo ni una sola votación, y ningún presidente de cámara la metió en el orden del día. Cada una de esas pequeñas cosas va produciendo un problema en el engranaje.

Y así llegamos al último Consejo. Un desastre: dos bloques totalmente monolíticos, una presidenta que no era la que el gobierno esperaba y a la que ha tenido bastante presionada, y un Consejo en el que ya se habla directamente de “conservadores” y “progresistas”, como si fuera un miniparlamento. Los propios jueces lo llaman “el Consejo General del Joder Judicial”, porque parece hecho para fastidiarles en vez de resolver sus problemas, como la carga de trabajo, la remuneración, y sobre todo el amparo, su misión fundamental: defender la independencia judicial. Pero casi ningún juez pide ese amparo, porque pedirlo significa reconocer que te están perturbando y, además, casi nunca se concede: acabas confesando que te afecta y sin que te amparen.

Exacto: quedas como alguien perturbado que tiene que decidir sobre lo que le perturba, sin apoyo ni amparo. El Consejo probablemente es uno de los peores que ha habido. Trasciende que se pelean entre ellos, se dice que “hubo un traidor que votó con los conservadores”, como si las votaciones no consistieran precisamente en que alguien tenga que ceder para que salgan las mayorías. El nivel de los vocales también es bajo, porque los políticos ya no buscan afines sino sumisos. Y para conseguir gente que obedezca hay que quedarse con los más mediocres, porque la gente espabilada no suele ponerse a las órdenes de nadie. Así hemos ido llegando a la mediocridad en casi todas las instituciones.

Esa pérdida de calidad también se ha comentado del Tribunal Constitucional: muchos han señalado una gran distancia entre quienes estaban en los primeros años y quienes están ahora, con una filiación partidista más marcada y menos prestigio intelectual.

En el Constitucional veo dos cosas que lo desvirtúan. Una es la mediocridad, que llegó a su punto culminante cuando fue aupado Enrique López, que apenas había dictado una sentencia penal en su vida, y que después protagonizó un episodio conduciendo borracho y sin casco por la Castellana, hasta tener que dimitir. Por un lado, esa mediocridad: llevamos allí a soldados obedientes, poco preparados. Por otro, se ha convertido en una especie de Tribunal Supremo alternativo para que los jueces puedan continuar su carrera más allá de la jubilación a los 72 años. El Constitucional está pensado para que haya magistrados, pero también catedráticos de derecho constitucional, de derecho civil, distintas visiones del mundo jurídico. Sin embargo, cada vez hay más jueces, y más jueces penalistas: este no es el ámbito que más debería ocupar al Constitucional, aunque sí el que más interesa a los políticos.

¿Y qué les pasa a los jueces cuando llegan a un sitio donde en realidad no ejercen como jueces? Podrían haberse llamado “consejeros”, como en Francia los sages. Pero aquí se les revistió de los mismos ornamentos que a los demás jueces, y siguen queriendo dictar sentencias en vez de dictámenes constitucionales, cada vez más parecidos a un tribunal por........

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