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Todo ejercicio duradero del poder descansa sobre un pacto social, aunque casi nunca esté expresado de forma explícita. Los gobiernos llegan al poder a través de una oferta concreta a la sociedad y obtienen a cambio legitimidad, apoyo político y margen para gobernar. Ese pacto rara vez coincide plenamente con lo que dicen las constituciones, los estatutos de los partidos y los programas de gobierno. En la práctica, se revela en las prioridades reales de los gobiernos, implícitas en sus discursos y acciones.

En las democracias que funcionan adecuadamente las elecciones operan como un mecanismo de validación o rechazo de estos pactos. Un gobierno que incumple aspectos centrales de ese acuerdo se arriesga a perder el apoyo popular y –eventualmente– el poder. Cuando una sociedad percibe que el arreglo previo dejó de funcionar surgen espacios para liderazgos que prometen redefinir las reglas del juego.

Los pactos impulsados por Nayib Bukele en El Salvador y por Andrés Manuel López Obrador en México responden a esa lógica. Son proyectos opuestos en sus prioridades y políticas, pero ambos descansan sobre una combinación similar: amplios beneficios concretos para la población, fuerte legitimidad electoral y una progresiva concentración del poder político, acompañada de restricciones crecientes sobre derechos y contrapesos democráticos.

Tanto el presidente mexicano como el salvadoreño llegaron al poder en elecciones competitivas y asumieron el cargo con apenas seis meses de diferencia: AMLO en diciembre de 2018 y Bukele en junio de 2019. Desde entonces, sus respectivos países han registrado deterioros significativos en la calidad de la democracia. De acuerdo con el “Informe sobre la democracia 2025” del Instituto V-Dem1 entre 2018 y 2024 El Salvador cayó del lugar 95 al 153 entre los 179 países considerados, ubicándose en el quintil más bajo de la distribución. En ese mismo periodo, México pasó del lugar 90 al 122, una caída de 32 puestos que lo ubica en el tercio más bajo a nivel global.

El Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit (EIU) describe una trayectoria similar.2 Mientras El Salvador registró un deterioro más severo entre 2018 y 2024 (de 6.15 a 4.92 en una escala de 10), México también experimentó una caída, pero más moderada (de 6.19 a 5.32). En cualquier caso, los dos países son ya clasificados por la EIU como regímenes híbridos. Para poner ambos movimientos en contexto, es importante considerar que en ese mismo periodo se produjo una caída en el promedio del índice a nivel mundial (de 5.48 en 2018 a 5.17 en 2024).

En El Salvador, Bukele fue reelecto el 4 de febrero de 2024 con el 84.65% de los votos válidos y con una participación de 53% del electorado. En el caso de México, no hay reelección presidencial desde 1928. AMLO promovió como su sucesora a Claudia Sheinbaum, apalancándose en el pacto social construido durante su sexenio, el cual se vio refrendado por su victoria el 2 de junio de ese mismo año con el 59.75% de los votos y una participación de 61% del electorado. En ambos casos, los mandatarios lograron las mayorías necesarias para modificar el marco constitucional.

Ambos triunfos tienen cuestionamientos constitucionales. Bukele se reeligió a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía, gracias a una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por cinco magistrados nombrados por una Asamblea Legislativa controlada por su partido, luego de la destitución exprés de los magistrados anteriores el 1 de mayo de 2021. Esa resolución habilitó su candidatura para un segundo mandato consecutivo. Morena y sus aliados, por su parte, obtuvieron la mayoría calificada para reformar la Constitución gracias a su control del Tribunal Electoral. Ese control se mantuvo al bloquear la renovación de magistrados que la Constitución mandaba realizar, pero cuyas ternas debían ser propuestas por una Suprema Corte que no controlaban. El resultado fue una sobrerrepresentación legislativa superior a la permitida por el propio texto constitucional.

En el caso de El Salvador, el pacto propuesto por Bukele está fuertemente anclado en restaurar la seguridad ciudadana en un país que tenía uno de los índices más altos de criminalidad a nivel mundial. En su actual mandato Bukele propone mejoras significativas en las políticas de salud y educación pública, apoyadas con un mayor gasto público en estos rubros, y un mejor entorno para la inversión privada y el crecimiento económico. En contraste, el gobierno está buscando reformar el sistema de pensiones e introducir un componente de ahorro privado y responsabilidad individual cada vez mayor –para garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo– y tiene una política de transferencias sociales muy limitada, concentrada en apoyos a la pobreza extrema y ciertos territorios específicos.

La idea rectora de este pacto es que el gobierno provee seguridad, bienes públicos (en especial infraestructura, salud y educación) y la creación de empleo formal que se deriva del crecimiento económico. En ese contexto, el ciudadano se hace responsable por la generación de sus ingresos y se está buscando reformar el sistema de pensiones para que incluso se haga cargo de una parte importante de su pensión.

En México, los fundamentos del pacto propuesto por AMLO y refrendado por Claudia Sheinbaum son sustancialmente........

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