En días previos hemos conocido graves casos de firmas falsas y suplantaciones en los padrones de afiliados de diversos partidos politicos a nivel nacional. Es especialmente grave el contexto en el que estas falsificaciones que se habrían dado, que son los procesos de inscripción de cada uno de estos partidos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Es decir, es posible presumir que, sin la falsificación de estas fichas de afiliación, estos partidos no hubiesen alcanzado su inscripción y no estarían habilitados para participar de las próximas elecciones generales.

La situación escaló a tal nivel de gravedad –sobretodo al desatarse una ola justificada de indignación ciudadana porque los falsamente afiliados tenían que pagar una tasa para desafiliarse– que el JNE y RENIEC salieron en comunicado oficial conjunto a aseverar que buscarían los mecanismos para sancionar a las organizaciones políticas por la falsificación y para procurar su retiro del ROP y por tanto de las contiendas electorales venideras.

Pero no solo los organismos electorales, que son quienes en efecto tienen la labor de salvaguardar los procesos electorales y los derechos de participación política, han propuesto sanciones y desafiliación.

Algunas de las organizaciones políticas, que no se fueron afectados por este escándalo, han salido a exigir también que su ilegítima competencia sea retirada de carrera.

He de reconocer que la forma en que........

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