Venezuela está urgida de una transición democrática. Pero precisamente porque la necesita con urgencia, conviene desconfiar de soluciones “espectaculares” que prometen reconstruir el Estado de derecho mediante poderes excepcionales, tutelas internacionales y calendarios indefinidos. O poniendo en una celda en Miami a Nicolás Maduro; ya lleva en ello desde enero y no hay señal alguna de ientras, entre analistas venezolanos y latinoamericanos, se va avanzando. Un reciente documento de circulación restringida —que tengo a la mano— propone una hoja de ruta que combina aspiraciones legítimas con instrumentos jurídicamente inviables y políticamente peligrosos.

El punto de partida merece atención y respaldo: liberar a todos los presos políticos, reparar a las víctimas, restablecer los servicios esenciales, reconstruir las instituciones y abrir un camino de reconciliación que no excluya a millones de venezolanos por su identidad política. La transición no puede convertirse en una revancha. Pero tampoco puede edificarse sobre una ficción: como asumir que una resolución de la Asamblea General de la OEA bastaría para instalar una Junta de Gobierno con «plenos poderes», llevar a cabo elecciones democráticas y desplegar una misión policial-militar internacional.

La OEA no es un gobierno supranacional de las Américas. Su Carta y la Carta Democrática Interamericana le permiten actuar colectivamente en defensa de la democracia, promover gestiones diplomáticas y adoptar decisiones políticas dentro de sus competencias. Pero, por sí solas, no le otorgan la facultad de sustituir las funciones de las autoridades de un Estado ni de crear un poder constituyente delegado. Confundir respaldo internacional con........

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