En los últimos días, se ha reactivado el debate sobre las pensiones del magisterio. No es casual. En la agenda del Pleno del Congreso se encuentra pendiente la aprobación un proyecto de ley que busca garantizar pensiones dignas para los docentes -soy una de sus autoras-. Frente a esta posibilidad, algunos sectores han advertido que la medida sería fiscalmente insostenible o incluso populista. Sin embargo, reducir esta discusión a un asunto estrictamente presupuestal impide ver la magnitud del problema y sus implicancias para la sostenibilidad de la política educativa del país.

En más de 15 años, el Perú ha construido una de las reformas más importantes del sector educación: la Carrera Pública Magisterial. Esta política introdujo meritocracia, evaluaciones permanentes y oportunidades de desarrollo profesional para los docentes.

Hoy el país cuenta con cerca de 500 mil profesores en escuelas públicas, de los cuales más del 70% pertenece a esta carrera. La mayoría se encuentra en las primeras escalas y percibe ingresos cercanos a los S/4,300 mensuales, con una remuneración que va aproximadamente de S/3,500, en la primera escala, a S/8,000 en la octava.

Sin embargo, estas mejoras salariales contrastan con la realidad que enfrentan los docentes cuando se retiran del servicio. Actualmente, son más 160 mil docentes cesantes y jubilados, y entre 2025 y 2027 se sumarán 25 mil más. Esta tendencia continuará, pues el 52% de los maestros tiene entre 50 y 65 años.

La realidad es dura. Al jubilarse, muchos docentes pasan a recibir pensiones que oscilan entre S/400 y S/800, dependiendo del régimen pensionario al que pertenecen. La caída de ingresos es abrupta y ocurre en una etapa de la vida en la que los gastos más importantes están vinculados a la salud. Para miles de docentes, jubilarse los condena al deterioro de su calidad de vida y a la pobreza.

¿Cómo se llegó a........

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