Los gallegos somos un pueblo emigrante, y comprendemos mejor que nadie lo que significa abandonar tu tierra, a veces tu familia, para encontrar trabajo y un futuro. Es injusto rechazar la regularización legal y garantista de inmigrantes con los derechos y obligaciones oportunos, siempre desde la legalidad. Pero lo que está ocurriendo con la regularización masiva de inmigrantes es, una vez más, la consecuencia del oportunismo populista del sanchismo mediante un decreto ley sin pasar por el Congreso que está generando caos, colapso en los ayuntamientos, efecto llamada y recelos de la Unión Europea porque supone una “amenaza” para el resto de miembros comunitarios. El hecho humano de la regularización es algo que todo el mundo comprende, pero no así las prisas repentinas con las que se acomete una regulación calificada de “chapucera” por la oposición, que se cifra oficialmente en 500.000 migrantes irregulares que residen en España, si bien otras fuentes lo elevan al millón o millón y medio.

Las terminales del poder tratan de desmentir las sospechas de la finalidad electoralista que la oposición encuentra en la regularización extraordinaria por las formas gubernamentales de proceder sin consenso ni tramitación parlamentaria, dando la espalda a la política migratoria común. Pero lo cierto es que los regularizados de forma extraordinaria por arraigo podrán votar en las elecciones municipales, aunque no de forma inminente en las generales o autonómicas. Sin embargo, quienes desde el extranjero han solicitado la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática por ser descendientes de españoles adquieren los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano, por lo que una vez nacionalizados podrán votar de forma inmediata en todos los comicios que se celebren. Más de 2,5 millones de personas han solicitado la nacionalidad mediante la........

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