La medida cautelar del Tribunal Supremo paralizando la incorporación al censo electoral de los nacionalizados por la modificación administrativa de la llamada ley de nietos ha caído como un jarro de agua fría en el Gobierno. El presidente Sánchez y su ministro de justicia Bolaños se han apresurado a exigir al Alto Tribunal que tome una decisión cuanto antes, es decir, antes de las próximas elecciones, según clamaron los mandamases gubernamentales con gran beligerancia. Que la columna vertebral del Ejecutivo, incluido el destemplado ministro López, salga en sincronizada exigencia de forma tan vehemente y crítica contra el Estado de Derecho, plantea una pregunta inocente que tiene respuesta facilona: ¿Si el Gobierno no pretendía adulterar el censo por razones electoralistas, no le debería dar igual........

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