Hay momentos en los que la ley deja de ser solo una norma escrita y se convierte en una pregunta moral. Bolivia atraviesa uno de esos momentos. Se declara un estado de excepción, se restringen ciertos derechos y se afirma que el objetivo es recuperar las calles para que la gente pueda trabajar, llevar pan a sus hijos y sobrevivir ante la escasez.

Nadie puede negar que el Estado tiene la obligación de restablecer el orden cuando la convivencia se rompe. Ningún país puede vivir bajo el chantaje permanente de los bloqueos, la paralización de caminos y el desabastecimiento. La protesta es un derecho, pero no puede convertirse en la condena diaria de quienes solo quieren trabajar, comerciar o llegar a un hospital.

Sin embargo, la pregunta de fondo no es solo si el decreto supremo y su ratificación legislativa son legales. La pregunta verdadera es otra: ¿darán seguridad........

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