La resolución de la Comisión Nacional Antimonopolio confirma una práctica que durante años ha drenado recursos públicos y distorsionado mercados estratégicos: la colusión en licitaciones gubernamentales. Cuatro empresas y seis personas fueron sancionadas por coordinar propuestas e intercambiar información sensible en concursos para la compra de material para radiografías entre 2010 y 2016. No se trata de una falta administrativa menor. Se trata de una conducta deliberada para eliminar la competencia y obtener beneficios indebidos en contratos financiados con dinero de los contribuyentes.

Más grave aún cuando el mercado afectado está vinculado con el sistema de salud, donde las decisiones de compra tienen impacto directo en millones de pacientes y en la capacidad de instituciones para prestar servicios de calidad. Tan sólo entre 2024 y 2025 ambas instituciones realizaron más de 20 millones de estudios de radiodiagnóstico para cerca de 15 millones de personas, una dimensión que permite entender por qué cualquier manipulación en este mercado trasciende lo empresarial y se convierte en un asunto de interés público.

La multa de 59.6 millones de pesos difícilmente puede cerrar el debate sobre si las sanciones actuales realmente inhiben este tipo de conductas. Lo que hoy exige el interés........

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