Hace escasos días, un buen amigo advertía en estas mismas páginas sobre la degradación de la toga cuando quien la viste, en la interpretación y aplicación de la Ley, antepone la complacencia del poder al deber de fidelidad jurídica. No es una observación menor. En ella subyace una inquietud de fondo: la erosión de la independencia que sustenta la credibilidad del Estado de Derecho.

La toga no es una simple prenda que se limita a cubrir los hombros del jurista; lo trasciende. Es una herencia simbólica que atraviesa los siglos y recuerda que el Derecho no nació para servir al poder, sino para contenerlo. En la solemnidad de los estrados, cuando la palabra se convierte en instrumento de justicia, el patrimonio o la dignidad de las personas, la toga opera como un velo institucional: despoja al individuo de su particularidad y lo inviste de una responsabilidad superior, la de actuar en nombre de la Ley y de la Justicia.

Para ello conviene detenerse en su significado. La toga constituye un signo visible de autoridad institucional, pero también recordatorio de su límite. Quienes la portan no actúan en calidad de sujetos privados, sino como depositarios de una función pública que exige imparcialidad, rigor técnico y rectitud moral.

Su origen etimológico remite al........

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