La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó el acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional. El debate se ha concentrado en los 1.900 millones de dólares, en el nuevo precio del diésel y en una palabra inevitable cuando se habla del Fondo: soberanía. Los tres asuntos importan, pero detrás de ellos existe algo más relevante: Bolivia está intentando recuperar el margen de acción económica que fue perdiendo a medida que la escasez de dólares, la caída de las reservas y las dificultades para importar combustibles comenzaron a condicionar las decisiones del Estado y la vida cotidiana de la población.

Conviene entender el acuerdo desde esa perspectiva. Ningún organismo internacional desarrolla un país, encuentra gas, abre una mina o genera empleos productivos. El financiamiento puede contribuir a estabilizar la economía y devolverle previsibilidad; convertir esa estabilidad en crecimiento sigue siendo responsabilidad de Bolivia.

Los problemas que nos trajeron hasta aquí tampoco comenzaron con el FMI. Bolivia llegó a 2025 con un déficit fiscal de dos dígitos, reservas internacionales deterioradas, escasez de dólares y crecientes dificultades para abastecer de combustibles al mercado interno. Al mismo tiempo, disminuyó la producción de hidrocarburos mientras aumentaba nuestra dependencia de las importaciones.

Por eso la discusión no debería reducirse a si Bolivia debía o no realizar ajustes. Cuando un país........

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