Actualmente, cualquier esfuerzo para reestructurar la deuda soberana de Venezuela se enfrenta a un obstáculo que no puede solucionarse con cálculos financieros. Las sentencias en contra de los oficiales que gestionaron la Oficina Nacional del Tesoro entre 2007 y 2013 están registradas en el Distrito Sur de Florida. Fue cuando se emitieron la mayor parte de las veinticuatro herramientas de deuda pública venezolana (catorce bonos de la República, nueve de Petróleos de Venezuela S.A. y uno de Electricidad de Caracas).

De acuerdo con información de Octus, el total de la deuda pública de Venezuela, una cifra sin auditar ni verificar, es de USD 171.500 millones (USD 102.500 millones por intereses vencidos y USD 69.000 millones por deuda no bonificada).

En un resultado también sin justificar legalmente, el Financial Times aumenta esta cifra a USD 240.000 millones, una suma todavía más cuestionable.

Hasta ahora, hemos abordado para las entregas del pilar 0, el segmento de bonos con fines explicativos.

Esta misma serie, como trabajo analítico se ha alimentado de esta coincidencia temporal. No obstante, coincidir en el calendario no significa necesariamente probar un vínculo. Hay un vacío de imputación entre una condena que afecta a una persona natural y un resultado acerca de un instrumento financiero en particular. Para cerrarla, se necesita un método que pueda verificarse, respaldado por fuentes institucionales que sean contrastables entre sí y no en la inferencia narrativa, por más lógica que parezca.

Tres pilares documentales son la base de la metodología que esta serie ha venido empleando. Cada uno se basa en una fuente institucional que no depende de las otras dos, y solo su combinación permite hacer la pregunta sobre la trazabilidad con la precisión que necesita el proceso de reestructuración, instrumento por instrumento.

Pilar I: La arquitectura conjunta del FMI y el Grupo Egmont

El primer respaldo es institucional, no de periodistas ni de activistas. El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y el Fondo Monetario Internacional han desarrollado, desde principios del año 2000, una doctrina compartida acerca del rol que cumplen las unidades de inteligencia financiera en la prevención del blanqueo de dinero. El manual de referencia “Unidades de inteligencia financiera”: La creación de An Overview, que fue lanzada en 2004 por el Departamento Legal del FMI con la ayuda del Banco Mundial, reconoce de manera directa la contribución hecha por el Comité del Grupo Egmont.

Es posible consultarlo en el sitio web del FMI. imf.org: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fiu/fiu.pdf.

El propósito de esta metodología se fundamenta en el origen común que se menciona. La doctrina que hoy en día protege una gran parte de la arquitectura mundial contra el........

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