Hay terremotos que destruyen edificios y hay terremotos que destruyen relatos. Los primeros aparecen en los registros geológicos; los segundos quedan inscritos en la historia política. La diferencia radica en que un desastre natural puede derribar puentes, hospitales y viviendas, pero solo una crisis institucional es capaz de revelar si detrás de esas estructuras existía realmente un Estado o apenas la apariencia de uno.

En las primeras horas posteriores a una catástrofe, la legitimidad deja de depender de discursos, símbolos o ceremonias. Se mide en minutos. En la rapidez con la que llegan los rescatistas, en la coordinación de los hospitales, en la circulación de la información y en la capacidad para convertir el caos en orden. El monopolio legítimo de la autoridad ya no se expresa mediante leyes o decretos, sino mediante la organización efectiva de la supervivencia.

Ese es el verdadero examen que enfrenta cualquier gobierno cuando la naturaleza golpea.

En Venezuela, el terremoto ha expuesto una paradoja que rara vez aparece con tanta claridad. La magnitud del desastre no solo puso a prueba la resistencia de las infraestructuras; también sometió a evaluación la arquitectura misma del poder. Cuando familiares ingresan por iniciativa propia a edificios colapsados para buscar sobrevivientes, cuando voluntarios improvisan operaciones de rescate y cuando múltiples actores intentan coordinar ayuda sin una dirección visible, el problema deja de ser exclusivamente sísmico. Se convierte en una crisis de gobernanza.

Toda emergencia requiere un centro de gravedad institucional. Alguien debe decidir prioridades, asignar recursos, integrar capacidades y comunicar objetivos........

© La Patilla