Tomás Moro retratado por Hans Holbein El Joven. / L. O.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en la inauguración del año judicial, hace un discurso tan previsible que parece elaborado por la IA. Reivindica la independencia de los jueces y admite la crítica, pero sólo a medias, pues reclama lealtad institucional, lo que significa que cada uno a su trabajo y chitón. El mismo día conocimos la resolución del Tribunal Supremo que suspende temporalmente el derecho de sufragio de unos 400.000 ciudadanos españoles. Se justifica la decisión en la posible alteración del resultado de unas futuras elecciones por el incremento del censo electoral a consecuencia de la nacionalización de los hijos y nietos de exiliados españoles durante el franquismo.

La motivación del Supremo se manifiesta más trumpista que jurisprudente. Se pierde en una lucubración tan estrafalaria y desconocedora de la estadística electoral, que aparenta malicia. Tal vez sea que estos nuevos ciudadanos no sean españoles de bien. El engañoso argumento es propio de quienes necesitan cubrirse con la bandera para demostrar su españolidad. La medida no tiene precedentes, pero tampoco amparo jurídico.

Como miembros de un poder del Estado, los jueces deberían saber que el concepto de autoridad es más grande que el rango de quienes la ostentan, pues para ser auténtica, antes que ser otorgada, debería ser merecida, pero no por haber ganado unas oposiciones, sino por haber demostrado........

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