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El juicio contra Ábalos se inicia con la desvinculación de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres de la trama

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07.04.2026

El juicio contra Ábalos se inicia con la desvinculación de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres de la trama

La lectura del testimonio por escrito enviado por la presidenta del Congreso y del ministro preceden al del primogénito de Ábalos, su expareja Jésica Rodríguez y Joseba, el hermano de Koldo

Víctor Ábalos. Juicio a José Luis Ábalos y Koldo García en el Supremo. / José Luis Roca

El juicio contra el exministro José Luis Ábalos por las mordidas que presuntamente obtuvo a cambio de amañar contratos millonarios de mascarillas para la Administración se ha iniciado este martes en el Tribunal Supremo con la lectura por parte de la secretaria judicial de las declaraciones por escrito remitidas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro Ángel Víctor Torres. Ambos para desvincularse de la contratación de la mascarillas con la empresa apadrinada por el comisionista Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, y recordar la difícil situación vivida en la pandemia y la necesidad que había de material sanitario.

En su testimonio por escrito, Armengol asegura no recordar haber cruzado whatsapps con el que era asesor de Ábalos, Koldo García. "Nunca he hablado con el señor García sobre expedientes de compra ni sobre material sanitario, ni me hizo referencia a empresa alguna", afirma la presidenta de la Cámara Baja, que añade que sus conversaciones con él pasaban por los puertos y aeropuertos cerrados y que si le hubiera indicado algo referente a eso lo había comunicado al servicio de contratación del Govern de Illes Balears.

En la causa obran mensajes entre Koldo y Armengol que denotan cierta confianza entre ambos, ya que el asesor le respondió con un "vale cariño, te mantengo informada de todo" cuando hablaban de gestionar la compra de del material sanitario. Con respecto a Torres, Aldama le acusó en sede judicial de reclamarle 50.000 euros a través de Koldo, si bien finalmente no se los dio.

Por su parte, el ministro Torres también ha rechazado cualquier irregularidad en la contratación de mascarillas y ha explicado que conoció a la empresa avalada por Aldama, Soluciones de Gestión, por la "referencia positiva" que tenía esta empresa tras los envíos realizados a Transportes y otras administraciones.

Hubo un primer envío de 2,7 millones (el gasto semanal de los servicios de salud canarios eran de medio millón de tabapocas) que llegó "de forma casi inmediata en tres entregas, algo poco frecuente", y con un precio por mascarilla menor incluso al baremo que impuso el Ministerio de Sanidad unos meses después. Existió un segundo pedido y entrega de material en mayo, tras lo cual se transmitieron dudas sobre la capacidad de filtrado de unas 800.000 mascarillas y hubo que subsanarlo en un segundo pedido cuyos gastos de traslado no asumió la administración canaria.

En resumen la mercantil entregó más de cinco millones de mascarillas aptas por un importe final de 12,3 millones de euros. El ministro dijo ser conocedor de este expediente por primera vez en julio de 2020 cuando Koldo se puso en contacto con él ante la tardanza en los pagos. A partir de ahí realizó un seguimiento del expediente para tener la "tranquilidad de que se le daba una adecuada respuesta administrativa". En todo este proceso, ha subrayado que no dio ninguna orden ni favoreció a Soluciones de Gestión.

Quejas de defensa y acusación

La forma en la que han prestado declaración la presidenta del Congreso y el ministro de Ordenación Territorial y Memoria Democrática ha supuesto que la defensa de Koldo García, ejercida por Leticia de la Hoz, haya intentado de nuevo suspender el juicio esgrimiendo el recurso de amparo que interpuso. Por su parte, la acusación popular, cuya dirección letrada ejerce el PP, ha señalado que con esta forma de testificar no ha podido repreguntar a los testigos. Como ejemplo ha situado que Armengol niega mensajes en los que Koldo la llama cariño.

Un total de siete magistrados analizan desde este martes las acusaciones contra los tres acusados, que además del que fue secretario de Organización del PSOE son su asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Las sesiones se inician con la fase de testigos, que estrena el primogénito del exministro, Víctor Ábalos, y también están citados su expareja Jésica Rodríguez y Joseba, el hermano de Koldo.

Está previsto que los tres procesados declaren a finales de este mes, una vez se sustancie la prueba testifical y documental en este primer juicio contra la denominada trama Koldo, el primero que se centra en supuestos delitos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Ábalos se enfrenta a una pena de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que para Koldo se piden 19 años y medio y 7 para Aldama, una reclamación de condena mucho más baja por su colaboración con la justicia.

Se juzgan delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación con un 'pelotazo' que los investigadores han cifrado en 16 euros en contratos de compra de mascarillas para varias administraciones públicas y la obtención de dádivas, que incluyen el disfrute de inmuebles en la capital y en la costa y "enchufes" para parejas del ministro en empresas públicas.

Jéssica Rodríguez, ex de José Luis Ábalos. Juicio a Ábalos y Koldo García en el Supremo. / José Luis Roca

Según los escritos de acusación, la que fuera pareja de José Luis Ábalos Jésica Rodríguez se benefició del alquiler de un piso de lujo en la plaza de España de la capital pagado por un socio de Aldama. Allí era visitada por el ministro mientras mantenían su relación, aunque permaneció en la vivienda desde 2019 hasta marzo de 2022.

Este martes comparece como testigo, pero ya durante su declaración en el Supremo en febrero del pasado año manifestó que no iba a trabajar a las empresas públicas en las que estuvo contratada, Ineco y Tragsatec, porque le dieron un ordenador, le dijeron que la llamarían y nunca lo hicieron, lo que sí hizo fue cobrar de ellas el salario mínimo interprofesional.

Esta confesión ha llegado al juicio acreditada por las investigaciones internas realizadas en ambas empresas. La más reciente fue entregada por Tragsa al tribunal el pasado 18 de marzo, y atribuye a la "presión ejercida" por Adif las deficiencias detectadas "en los mecanismos de supervisión y control de la presencia" de Jésica Rodríguez en su puesto de trabajo, que cubrió entre marzo y septiembre de 2021, llegando a percibir 9.500,54 euros brutos.

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Otro de los testigos previstos para esta primera sesión del juicio --la vista de cuestiones previas ya se celebró hace un mes-- ies Joseba García. Los viajes del hermano del asesor ministerial a la República Dominicana son vinculados por los investigadores con la obtención de efectivo del entorno de Aldama para pagar las mordidas.

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