¿Por qué la reticencia de las secretarías de Economía y del Trabajo en un delicado caso que están obligadas no sólo a investigar (por ser la primera la responsable legal de las concesiones mineras y la segunda de las garantías de los trabajadores), sino a informar amplia y detalladamente por tratarse del presunto contubernio entre una empresa (en este caso una trasnacional canadiense) y el crimen organizado en algo que no sólo es ilegal, sino que viola los derechos laborales y debe encender las señales de alarma en las instituciones de seguridad?

Así lo denuncia La Jornada (Jared Laureles) y dice así: “La minera Camino Rojo (propiedad de la canadiense Orla Mining), ubicada en Zacatecas, utilizó al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, y violar sus derechos laborales, además de buscar que desertaran de este gremio, advierte de forma inédita la investigación del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, que determinó que la compañía ‘es responsable directa de injerencia patronal’ en actividades sindicales”.

Los expertos panelistas, continúa la denuncia,........

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