Hace dos semanas, fui desterrado de la red social X. La cosa empezó con un hackeo de mi cuenta, a lo que siguió, en menos de veinticuatro horas, al bloqueo del hacker tras mi denuncia, para la que tuve que enviar foto, DNI y poco menos que una radiografía de fémur, a fin de demostrar que el ladrón (que seguía con mi nombre, mi perfil, el enlace a mi página web personal y quería extorsionarme) usurpaba mi identidad. Seguidamente, reclamé que me devolvieran la cuenta; pasó una semana sin que recibiera más que correos confusos y claramente automáticos. Entonces, desde mi usuario vacío, se me ocurrió preguntar a los administradores de X, en la misma aplicación, qué había de lo mío, y la respuesta fue suspender también mi cuenta original «por incumplir las normas». Pese a que volví a reclamar aportando más información —calculo que solo debe faltarles una muestra de mi ADN—, sigo desterrado quince días más tarde.

Hemos hablado mucho en los últimos tiempos —y con razón— de las ventajas de que haya un negocio privado, a salvo de las garras del gobierno, que nos permita relacionarnos y publicar contenidos. También de lo bueno que es que ese foro siga reglas amplias y nos proteja de cancelaciones. Pero ¿qué pasa cuando esa misma plaza es incapaz de asegurar la integridad de sus usuarios y termina tratando como sospechoso precisamente al saqueado, todo por trabajar con algoritmos incapaces de entender lo que está sucediendo? Mi caso no importa por tratarse de mí, que carezco de importancia, importa por lo que revela: si una empresa no puede resolver una suplantación obvia........

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